AlcaláDigital.- Siete años, y 20.000 euros le ha costado a Tomas Márquez Álvarez, que los diferentes tribunales de justicia por los que ha desfilado le reconocieran que un vecino de su vivienda situada en el Paseo de la Estación de Alcalá, había alterado tras una obra ilegal una bajante de agua residual lo cual repercutía en malos olores en la vivienda de su propiedad.
Y es que, su periplo comenzó en el año 2010 cuando, denuncio ante el Ayuntamiento de la ciudad, que su vecino había realizado una reforma integral sin licencia ni proyecto y que por lo tanto afectaba a elementos comunices del edificio, entre ellos, el desvío de bajantes de la Comunidad de vecinos.
Así y tras la interposición de una denuncia dos técnicos municipales, de Urbanismo, emitieron un informe técnico en marzo de 2012 sin personarse en la vivienda y por lo tanto sin una inspección previa de la obra realmente realizada. Un informe, que Tomas Márquez Álvarez, no duda en calificar como “falso” y en donde se aportó como prueba, por lo que motivo una sentencia en su contra emitida por la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 17-9-2012.
Así y tras numerosos recursos y un año más tarde (12-4-2013) el área de Urbanismo de Alcalá de Henares, realizó una inspección en donde esta vez, ¡¡por fin!! Se admitía que la obra se había realizado de forma ilegal y se había alterado una bajante de agua residual.
Pero no se crean que con esta rectificación ya había terminado el periplo administrativo, ya que, la Junta de Gobierno Local de Alcalá celebrada el 27-3-2013, decide archivar el expediente, basándose en la primera sentencia desfavorable.
Por lo tanto, vuelta a empezar y a interponer un nuevo recurso Contencioso Administrativo contra ese acuerdo, de la Junta de Gobierno Local, en donde por fin y tras sentencia del 27-1-2017 le da la razón a, Tomas Márquez Álvarez, y se ordena el nuestro Ayuntamiento a continuar con el expedite, en donde entre otras causas, han sido imputados dos técnicos del área de Urbanismo, por la emisión, falsificación y testimonios “falsos”, por lo que en estos momentos, estos dos técnicos municipales se encuentran en situación procesal de “investigados”, que tras la reforma era, imputado.