(EFE).- La Comisión Constitucional del Senado ha aprobado hoy, sin cambios y con el apoyo mayoritario de los grupos, el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que persigue mejorar la respuesta ante nuevos riesgos y amenazas y otorga más poder al presidente del Gobierno ante los denominados estados de alarma y excepción.
La Comisión ha dado luz verde al dictamen del proyecto de ley, similar al texto que llegó del Congreso, con 20 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.
Los senadores han rechazado asimismo las 6 propuestas de veto y las 57 enmiendas planteadas por todos los grupos, salvo el PP.
Ahora está previsto que siga su tramitación ante el pleno del Senado, previsiblemente la próxima semana.
Según Joaquín Luis Ramírez, del PP, la ley suma la participación de las comunidades autónomas, es respetuosa con el ordenamiento jurídico y no invade la seguridad pública.
Alberto Casero, también del PP, ha rechazado la invasión de competencias y ha asegurado que la seguridad nacional es competencia exclusiva del Estado.
Francesc Antich, del PSOE, ha defendido la necesidad de la ley para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Mientras, Ester Capella, de ERC, en la defensa del veto presentado por su grupo, ha afirmado que la ley supone un cambio legislativo importante sin debate y reflexión, y ha acusado al PP de aplicar el rodillo parlamentario para sacar adelante leyes antes de finalizar la legislatura.
La portavoz de Podemos, María Pilar Lima, ha lamentado que la nueva norma no contempla la seguridad de las mujeres que están siendo asesinadas por motivo terrorismo machista.
Ha considerado que la ley tiene un afán centralizador, minimiza las competencias autonómicas y anula el papel de las Cortes Generales.
Lima ha afirmado que la ley es ambigua, está llena de vaguedades y no especifica las amenazas.
Jokin Bildarrach, del PNV, ha considerado la ley "innecesaria y claramente centralista", y ha opinado que tiene "un claro objetivo electoralista".
Por parte de CiU, Teresa Rivero, ha criticado que refuerza el poder arbitrario del Estado y supone un retroceso en las libertades de los ciudadanos.
Esta nueva normativa en un principio, en su fase de anteproyecto, fue elaborada como ley orgánica, pero finalmente el Ejecutivo decidió darle el rango de ordinaria, porque no tiene "consecuencias para los derechos y libertades" de los ciudadanos, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
La ley persigue la colaboración de todas las instituciones del Estado y como novedad regula la declaración de situación de "interés para la seguridad nacional", responsabilidad que recaerá en el presidente del Gobierno.
Define el concepto de seguridad nacional y contempla la declaración de los denominados estados de alarma y excepción.
Esta declaración corresponderá en exclusiva al presidente del Gobierno y podrá adoptarse ante una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración y que, sin embargo, no sea tan grave como para aplicar la Ley de Alarma, Excepción y Sitio, de 1981.
Fija medidas de coordinación entre las administraciones públicas, una cuestión clave para tomar decisiones ante determinadas circunstancias de interés para la seguridad nacional.
También la nueva ley establece el Sistema Nacional de Seguridad en el Consejo de Seguridad Nacional y define competencias en materias como la ciberseguridad, seguridad marítima y seguridad financiera, así como el medio ambiente, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.
